De la libre determinación a la consulta de los pueblos indígenas: los retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno
Luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó, el
14 de agosto de 2001, la reforma constitucional en materia indígena, la cual reconoce
en el artículo 2° constitucional la autonomía de las comunidades; continúan
pendientes, en la actualidad,
estrategias para implementar el desarrollo a la libre determinación a
través de las consultas.

Ciudad de México, 22 de Enero.-Bajo el contexto de cambio de
gobierno y la consulta de mega proyectos, el tema de la libre determinación de
los pueblos indígenas ha tenido avance y
retrocesos, reconoció Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Una de las principales problemáticas son los procesos
estratégicos comunales, los cuáles carecen
de una lógica para determinar cuándo comienzan las consultas. Sin bien, el
actual gobierno atendió a las recomendaciones emitidas por la CNDH, al crear la
ley de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce al
Instituto como la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos
relacionados con los pueblos indígenas; todavía faltan estándares y
responsabilidades que informen a las comunidades cómo se llevaran a cabo los
procesos de consulta”, señaló Villegas en
la mesa de trabajo Libre determinación y
Consulta Indígena en contexto de megaproyecto en México, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
(UNAM).
Por su parte, Hugo Aguilar, encargado de la
Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, aseguró que la falta de contextos
jurídicos ha impedido que el país
consideré a los pueblos indígenas
como sujetos jurídicos.
Calificando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
como un mal necesario, Aguilar reconoció
que los retos a los que se enfrentan, no
se solucionan con buenas acciones;
resulta necesaria la construcción de modelos en función de las necesidades de
las comunidades.
En
la mesa de trabajo también se contó con
la participación de Juan Carlos Martínez, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS); Bettina
Cruz, integrante de la asamblea de los Pueblos del Istmo Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio; y Jan Jarab, Representante
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Jarab
resaltó
que los retos del nuevo gobierno es, sin
duda, implementar el derecho a que los pueblos indígenas determinen sus propias
prioridades y estrategias de desarrollo,
a través de consultas efectivas que cuenten con una voluntad política. Así
mismo, se cuente con un diálogo que respete la decisión de las comunidades consultadas.
Luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó, el
14 de agosto de 2001, la reforma constitucional en materia indígena, la cual reconoce
en el artículo 2° constitucional la autonomía de las comunidades; continúan
pendientes, en la actualidad,
estrategias para implementar el desarrollo a la libre determinación a
través de las consultas.
Ciudad de México, 22 de Enero.-Bajo el contexto de cambio de
gobierno y la consulta de mega proyectos, el tema de la libre determinación de
los pueblos indígenas ha tenido avance y
retrocesos, reconoció Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Una de las principales problemáticas son los procesos
estratégicos comunales, los cuáles carecen
de una lógica para determinar cuándo comienzan las consultas. Sin bien, el
actual gobierno atendió a las recomendaciones emitidas por la CNDH, al crear la
ley de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce al
Instituto como la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos
relacionados con los pueblos indígenas; todavía faltan estándares y
responsabilidades que informen a las comunidades cómo se llevaran a cabo los
procesos de consulta”, señaló Villegas en
la mesa de trabajo Libre determinación y
Consulta Indígena en contexto de megaproyecto en México, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
(UNAM).
Por su parte, Hugo Aguilar, encargado de la
Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, aseguró que la falta de contextos
jurídicos ha impedido que el país
consideré a los pueblos indígenas
como sujetos jurídicos.
Calificando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
como un mal necesario, Aguilar reconoció
que los retos a los que se enfrentan, no
se solucionan con buenas acciones;
resulta necesaria la construcción de modelos en función de las necesidades de
las comunidades.
En
la mesa de trabajo también se contó con
la participación de Juan Carlos Martínez, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS); Bettina
Cruz, integrante de la asamblea de los Pueblos del Istmo Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio; y Jan Jarab, Representante
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Jarab
resaltó
que los retos del nuevo gobierno es, sin
duda, implementar el derecho a que los pueblos indígenas determinen sus propias
prioridades y estrategias de desarrollo,
a través de consultas efectivas que cuenten con una voluntad política. Así
mismo, se cuente con un diálogo que respete la decisión de las comunidades consultadas.
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